Sueldos, subsidios, prepagas y educación privada

El estado cobra impuestos y los devuelve en forma de infraestructura y servicios.

En países donde existe el impuesto al valor agregado, IVA, el impuesto lo pagan todos. Y para los consumidores en particular, es casi imposible evadirlos. Más cuando se trata de mercaderías de alto consumo como las bebidas sin alcohol o los productos alimentarios de gran producción industrial.

Pero hay otra forma en la que el estado puede devolver los impuestos, no sólo las que menciono al principio, y es en forma de subsidios.

No todos los subsidios, claro, son complementarios de los sueldos. Los más significativos son los que afectan los precios de la energía y del transporte.

Decirlo aquí no implica un gran descubrimiento. Aunque no es tan seguro que su incidencia se cuantifique cuando alguien se refiere al poder adquisitivo de los salarios argentinos frente a los de países vecinos o a la relación entre poder adquisitivo e inflación. Como insiste semanalmente el mailing que realiza el Banco de la Ciudad, en sus voceros de la derecha macrista.

Muchos de los que se quejan de los subsidios y dicen que no los necesitan porque atentan contra la libertad de mercado, se enriquecen mediante el pago de salarios que son posibles sólo por la misma existencia de los subsidios que rara vez aparecen explícitos en las discusiones paritarias. Sus fábricas y negocios, entonces, también los tienen o, como mínimo, hacen usufructo de ellos. Una cuota de subsidio por cada empleado que tienen. Lo que no resulta en un pequeño beneficio, ¿verdad?

Alumnos de colegio privado

Otras quejas se refieren a aumentos de prepagas y colegios privados. Sus aumentos muchas veces se usan para calcular la inflación. Lo que no debería ser así. Las personas que los usan en lugar de patalear por lo que les cuestan sus privilegios deberían preocuparse por exigir al estado que cree mejor medicina social y mejores colegios.

El cambiar dinero por privilegios es un derecho en la sociedad capitalista, pero no es un deber del estado protegerlos o regularlos. Allí sí que la oferta y la demanda deben quedar en libertad. Aunque tampoco va a ser una libertad verdadera porque los empleados de esas empresas privadas seguirán siendo subsidiados por el estado.